Las ideas centrales de esta iniciativa legal son poder minimizar el componente político y considerar más los aspectos técnicos. Al mismo tiempo, se plantea eliminar el Comité de Ministros como instancia resolutoria de las reclamaciones, dejando una instancia única y simplificada.
La sala del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar de la iniciativa que apunta a reducir los tiempos de tramitación y optimizar los proyectos ambientales, por lo que la moción quedó con plazo para realizar indicaciones hasta el 28 de junio.
Durante el debate, diversos senadores valoraron la actualización de la normativa ambiental que forma parte de la agenda económica y procrecimiento. Además hicieron presente la preocupación por diversos proyectos de inversión que “traen aparejados costos ambientales y contaminación para las comunidades en regiones”, por lo que destacaron la importancia de la participación ciudadana en los procedimientos de evaluación.
Cabe recordar que una de las ideas centrales de esta iniciativa legal, es tecnificar las decisiones y minimizar el componente político en este proceso. Para eso se otorgan más atribuciones al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), dejando a las direcciones regionales a cargo de definir la calificación de los proyectos en reemplazo de las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA).
Además, se plantea eliminar el Comité de Ministros como instancia de análisis de las reclamaciones a las resoluciones de calificación ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental, tarea que quedaría en manos de la Dirección Ejecutiva del SEA.
Otros aspectos relevantes del proyecto es la creación de un recurso de reclamación único y simplificado, junto con el establecimiento de un proceso voluntario de participación temprana para que los inversionistas puedan mejorar el diseño de sus proyectos antes de ingresarlos al SEIA.
Al respecto, el senador Sergio Gahona, en su calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente, señaló que “si bien el texto legal requiere ajustes sustanciales, confío en que lograremos un texto consensuado y transversal”.
GREMIOS ESPERAN CERTEZAS
Para Paola Botto, presidenta del Consejo Regional Minero de Coquimbo (CORMINCO), resulta valorable “el esfuerzo que se está haciendo para fortalecer la institucionalidad ambiental y reducir los permisos de tramitación de los proyectos. Hoy un proyecto minero tarda en promedio 10 años para su operación y ello claramente desincentiva la inversión y nos ubica en desventaja frente a otros países”. Por ello, espera que en el Congreso “se logre consensuar todas las miradas en esta iniciativa y cumpla su objetivo de manera integral, es decir, fortalezca la institucionalidad, reduzca la excesiva tramitación y ayude a disminuir incertezas sobre la discrecionalidad que podrían tener las decisiones que adopta la autoridad”, agregó.
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) La Serena, Mauricio Araya Pastén, puntualizó que la lentitud en la aprobación de los permisos sectoriales que requieren las obras y proyectos, “es una gran traba para avanzar en ello. Más aún si consideramos que cerca del 65% de la inversión total de la economía en nuestro país es en materia de construcción”.
Según Araya, este rubro “padece día a día este problema, al igual que los distintos sectores productivos del país, por lo que el proyecto de ley que busca simplificar y agilizar la tramitación de los permisos sectoriales no solo es clave, sino además urgente”, añadió.
En esa línea, el líder gremial puntualizó que “la ‘tramitología’ se debe abordar de manera integral, con la voluntad y capacidad de implementar cambios a ciertas normativas sectoriales. De allí que nuestra propuesta como gremio sea acordar una agenda corta con todos los cambios normativos que no considera el proyecto, pero que sabemos son urgentes”.
A su parecer, es clave que la institucionalidad que contemple el proyecto de ley tenga ciertas garantías de independencia en sus funciones y las atribuciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley, “de lo contrario, esta gestión podría limitarse solo a solicitar información y hacer recomendaciones”, complementó.
En ese sentido, espera que, de avanzar la iniciativa, se logre un cambio significativo que permita hacer seguimiento del proceso de aprobación de los permisos sectoriales.